¿De qué lado está la Iglesia?

 

Soy católico. Y fui educado —como tantos— bajo una ética que se nutre de los Diez Mandamientos: no matarás, no mentirás, no robarás, no levantarás falso testimonio. No lo digo como adorno cultural, sino como brújula. Por eso me inquieta ver cómo se relativiza la verdad o se trata la violencia como “precio inevitable” de la política.

En Venezuela esa violencia no es teoría. Está documentada, con patrones claros: asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, persecución sistemática. Con ese marco, yo esperaría un reflejo instintivo en la Iglesia: ponerse del lado de los oprimidos, con claridad. Y nunca, nunca colocarse del lado del opresor, ni por acción ni por omisión.

Y aquí empieza mi conflicto: esa claridad no siempre se ve. La Iglesia en Venezuela ha hablado en momentos clave y la Conferencia Episcopal ha llamado a respetar la voluntad popular y a exigir transparencia electoral. Eso debe reconocerse. Pero, en el terreno donde vive el fiel común, los gestos pesan más que los comunicados. Y cuando los gestos confunden, la confianza se resiente.

Además, hay algo que duele decir, pero sería deshonesto callarlo: existen sacerdotes que muestran, sin vergüenza, su adhesión al régimen. Y lo hacen incluso sabiendo el costo humano de esa cercanía. Mientras tanto, otros sacerdotes que se atreven a decir la verdad —en la homilía, en la calle, acompañando a víctimas— han sido atacados, señalados, presionados o arrinconados. No pocas veces, el mensaje parece ser este: “no te metas”, “baja el tono”, “no incomodes”. Como resultado, muchos han terminado fuera del país: por miedo, por agotamiento, por persecución directa o indirecta, o simplemente porque se les cerraron los espacios para ejercer su ministerio con libertad.

Roma, además, insiste en la negociación incluso después de tantos acuerdos incumplidos. Se entiende la intención: evitar más violencia, evitar más derramamiento de sangre. Pero, ¿cómo reparar la sangre que ya se ha derramado en los últimos 26 años? Y, sobre todo: ¿cuántas veces hay que comprobar que un régimen autoritario no solo “gana tiempo”, sino que incumple, se burla de lo firmado y luego pide más negociación como si nada? ¿En qué momento la prudencia se convierte en inercia, y la inercia en coartada?

Mi desconcierto se profundizó con un episodio litúrgico convertido en señal política. En la “Misa del Deporte”, oficiada por el arzobispo de Caracas, Raúl Biord, se pidió en oración por la “liberación” de Maduro y Cilia Flores, presentados como “secuestrados”. No sé cómo se repara el escándalo de confundir el altar con el guion de propaganda. ¿Qué oye un familiar de presos políticos cuando la Iglesia aparece asociada —aunque sea por ambigüedad o por falta de corrección inmediata— a esa narrativa? ¿Qué siente quien ha enterrado a un hijo, quien fue torturado, quien tuvo que huir?

En esa línea de confusión pública, apareció la denuncia de Mariana González, quien habló de presuntos intentos de extorsión o presión en espacios vinculados, entre otros, a la Iglesia. La Arquidiócesis lo negó de forma categórica. Yo no soy juez. Pero sí tengo una exigencia católica elemental: si hay una acusación así, debe haber transparencia, investigación y rendición de cuentas. No basta con negar; hay que esclarecer. Porque sin verdad, todo lo demás se vuelve teatro: la libertad, la justicia, incluso la misericordia. Y, como insistía san Juan Pablo II, la libertad no se sostiene sin verdad.

Después vino la imagen. Rafael Tudares fue liberado y circuló una foto en la residencia del embajador suizo. En esa escena aparece el arzobispo Biord junto a Tudares y su esposa. Debería bastar con alegrarme por una vida recuperada; y me alegro. Pero también me pregunto: ¿qué hace un arzobispo en un encuadre que el poder puede usar como vitrina? ¿Es acompañamiento pastoral, o es un gesto que termina siendo leído —con razón o sin ella— como lavado simbólico del poder? En una dictadura, una foto puede valer más que cien discursos. Y los símbolos, en una dictadura, rara vez son inocentes.

Sé que no es justo meter a todos en el mismo saco. Sería injusto y sería falso. Pero también sé que los regímenes autoritarios se alimentan de ambigüedades. Y cuando figuras eclesiales insisten en la “negociación” como salida casi obligatoria, aun después de fraudes, represión y acuerdos traicionados, el mensaje que reciben las víctimas es devastador: “sigan esperando”. No: la Iglesia no puede ser espectadora elegante del sufrimiento. Está llamada a ser voz, amparo y límite moral.

Es desde ahí —no desde el resentimiento— que escribo estas líneas: no para romper con la Iglesia, sino para reclamarle fidelidad a su doctrina y valentía pastoral. No busco condenas automáticas; busco coherencia. Que la Iglesia esté con las víctimas sin calcular la foto. Que llame al mal por su nombre. Que corrija con firmeza a quienes, desde dentro, se prestan al relato del poder o castigan a los que dicen la verdad. Que recuerde que no es un partido ni una embajada: es madre y maestra.

Y hoy, precisamente hoy, Venezuela vive un momento propicio para que la Iglesia asuma un rol más activo en beneficio de un pueblo largamente oprimido y en favor del retorno a la democracia de forma ordenada. Eso empieza por lo más básico y lo más urgente: exigir la liberación de todos los presos políticos, sin ambigüedades, sin equilibrios retóricos, sin gestos que el poder pueda usar para lavarse la cara. Porque, si tantos fieles preguntamos “¿de qué lado están?”, no es por odio a la Iglesia, sino por amor a su verdad.