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Cuando un país pide ayuda y el mundo mira a otro lado

 A comienzos de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar en Venezuela, capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a EE. UU., donde fue presentado ante un tribunal. Según la acusación federal reseñada por agencias y prensa internacional, enfrenta cargos, en pocas palabras, por narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas .

Dentro de Venezuela se instaló una conducción «interina» y el país entró en una fase volátil: advertencias de seguridad, tensiones internas y debate internacional abierto, incluido el Consejo de Seguridad y pronunciamientos del secretario general de la ONU sobre la gravedad de la acción militar.

En paralelo, han ocurrido liberaciones puntuales de presos políticos, mientras organizaciones de derechos humanos reportan que la cifra de detenidos por razones políticas sigue siendo muy alta.

Lo que sigue no intenta decirte qué «bando» elegir.

Primero pone sobre la mesa lo verificable y lo que podemos inferir.

Luego te deja preguntas directas, para decidir sin consignas ni cadenas de chat.

1) Hechos verificables

Hay documentación internacional consistente sobre represión y violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, y existe una investigación formal en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.

El éxodo no es un debate: es una herida demográfica. ACNUR sitúa el total global en casi 7,9–8 millones de refugiados y migrantes venezolanos: una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo y, por volumen y región, la mayor de América Latina.

En 2024, observadores relevantes afirmaron que el resultado oficial de las elecciones no fue verificable con estándares mínimos de transparencia (sin publicación completa y comprobable de resultados desagregados por mesa). Con esa ausencia de prueba pública y el cuerpo de actas y evidencias presentadas por la oposición, es razonable concluir que el poder se sostuvo sin legitimidad democrática demostrable.

2) El derecho a protección y el silencio del mundo

En 2005, los Estados aprobaron en la ONU un principio simple de entender: cuando un Estado no protege a su gente frente a atrocidades graves, la comunidad internacional no debería limitarse a «mirar y lamentar»; debe intentar proteger por vías diplomáticas y humanitarias, y, si todo falla, contemplar acciones colectivas dentro del marco de la ONU.

Eso es la teoría.

La práctica venezolana ha sido otra: durante años se han acumulado denuncias, informes, presos, exilio, tortura, asesinatos extrajudiciales y desapariciones, y la respuesta real ha sido intermitente, tardía o insuficiente.

Por eso este debate duele: porque, para millones, no es una discusión académica sobre soberanía, sino la sensación de haber pedido ayuda demasiado tiempo y haber recibido, muchas veces, solo discursos.

3) Una soberanía que se declama y otra que se pierde en lo cotidiano

Aquí entra un hecho incómodo para algunos: incluso antes de 2026, hay evidencia documental de que áreas sensibles del Estado venezolano han sido diseñadas, apoyadas o apalancadas por aliados externos.

Cuba y el sistema de identificación

Un reporte de Transparencia Venezuela describe que, desde mediados de los 2000, el rediseño y la gestión del sistema civil de identificación, incluidos la emisión de pasaportes electrónicos y cédulas con chip, contó con asistencia cubana y participación de empresas estatales cubanas, con acceso clave al software y a la operación del sistema.

Esto no es un detalle técnico: quien influye o controla el sistema de identificación, cédulas y pasaportes influye sobre ciudadanía, movilidad, registro electoral y vulnerabilidad del ciudadano ante el Estado.

Y hay otro dato que ya no es «sospecha»: medios internacionales reportaron muertes de militares cubanos en territorio venezolano durante la operación estadounidense, lo que aclara  el debate acerca de su presencia operativa en el terreno.

Rusia, Irán y China en capacidades estratégicas

Rusia y el gobierno de Maduro firmaron un acuerdo de asociación estratégica en 2025, con cooperación en energía y coordinación internacional.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado redes vinculadas a comercio de armas y capacidades asociadas a drones/misiles, alegando vínculos entre Irán y Venezuela en ese intercambio.

Y Reuters documentó cómo la empresa china ZTE ayudó a construir sistemas asociados al «carnet de la patria» y capacidades de base de datos con potencial de monitoreo y control social.

4) Hezbollah

Sobre Hezbollah hay preocupación documentada desde instancias oficiales de EE. UU., y existe material público (incluidas audiencias del Congreso) que alega emisión de documentos venezolanos a personas de origen de Oriente Medio y detenciones en la región de individuos portando pasaportes venezolanos. Esto es un indicio serio en el debate, aunque no equivale a una verificación caso por caso en todos los señalamientos.

5) Negociaciones: Noruega, México, Vaticano… y el resultado real

Sí: se intentó negociar. Y aquí conviene resumirlo sin romanticismo.

Noruega facilitó procesos desde 2019 y luego el ciclo de México (2021) con un memorando de entendimiento. Hubo avances parciales (por ejemplo, un acuerdo para un fondo humanitario administrado por la ONU), pero los procesos se suspendieron y reanudaron varias veces.

En 2023 se firmó el Acuerdo de Barbados como hoja de ruta hacia condiciones electorales más competitivas. En la práctica, actores internacionales y la oposición denunciaron incumplimientos clave (habilitaciones, garantías, condiciones, clima de persecución y decisiones sobre observación), y el propio calendario/condiciones se volvió objeto de disputa. Resumen en pocas palabras: se firmaron compromisos, pero el cumplimiento fue parcial y la verificación, insuficiente.

El Vaticano, además, participó como facilitador en intentos anteriores; documentos del Congreso de EE. UU. señalan que esos diálogos también terminaron frustrados por falta de cumplimiento del régimen.

Tres preguntas directas para decidir sin fanatismo

Después de ver hechos e inferencias razonables, no te pido que repitas un eslogan. Te pido que respondas, con crudeza y prudencia, estas preguntas:

  1. Si esto le pasara a tu familia (cárcel, tortura, asesinatos extrajudiciales, desaparición), ¿cuánto tiempo aceptarías esperar «más negociación» y «más comunicados» antes de exigir protección real?
  1. Si la salida implica fuerza externa, ¿qué límite no aceptarías cruzar nunca, aunque eso retrase el cese de las atrocidades?
  1. Si mañana otro pueblo vive algo comparable (represión sistemática, éxodo masivo, elección sin verificación), ¿apoyarías que reciba el mismo tipo de «protección» que hoy apruebas o condenas para Venezuela?

En Venezuela no estás discutiendo un concepto abstracto. Estás discutiendo el precio de la vida bajo un régimen que perdió legitimidad, reprimió de forma sostenida, entregó parte de su soberanía y empujó a millones al exilio.

Si tu conclusión es «fue necesario», que no sea por adrenalina: que sea porque miraste el dolor de frente y no viste otra salida realista.

Si tu conclusión es «fue inaceptable», que no sea por pose moral: que sea porque te importa de verdad el costo humano y también el precedente que deja al mundo.

La democracia no se recupera con frases. Se recupera con verdad verificable, protección concreta del ciudadano y justicia sin impunidad, para todos.

 


Comentarios

  1. Alfredo Carneiro Campos12 de enero de 2026 a las 10:46

    Me ha gustado tu comentario Gustavo. El tema VNZ se ha convertido en tópico en los noticieros, páginas de opinión, redes sociales y hasta en la cena familiar. El interés es tal que todos tienen una opinión pero el abordaje suele carecer del rigor y la exactitud propias de la objetividad y de la valoración jurídica que condicionan tales eventos.

    La responsabilidad para proteger es un concepto doctrinario de la ONU que, como la mayor parte de lo que sale de ese conciliábulo no sirve para nada, excepto para que los poderosos (USA y China) los utilicen a su conveniencia. Hay toda una panoplia de medidas sancionatorias posibles, disponibles y ejecutables para cubrir esta responsabilidad y dotar a los Estados de capacidad de actuación supranacional. En el caso del uso de la fuerza requiere de la autorización o encargo del Consejo de Seguridad de la ONU. El Sr Trump se saltó este molesto detalle en el caso VNZ. Yo tengo sentimientos encontrados en este asunto pues apruebo sin reservas personales tal acción como el menor de los males y un daño aceptable, fue la única manera en que podía finalizarse con la barbarie de la tiranía. Pero tal satisfacción y justificación personal no me impide ver el abuso de la fuerza de un mandatario sólo porque podía hacerlo impunemente. Y entiendo que no consultase a la ONU pues ese organismo está lleno de sinvergüenzas militantes de esa fauna que llaman izquierda globalista, en general cómplices unos y asalariados otros de la tiranía venezolana que están alineados todos en la Internacional Socialista, Foro de Sâo Paulo, Grupo de Puebla y organizaciones de la misma naturaleza.

    Gracias por compartir tu pensar y hacer de acicate a mi interés por lo que ocurre alrededor.

    Feliz lunes y mejor semana para todos

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    Respuestas
    1. Alfredo, gracias por el nivel de precisión y por el tono: ayuda a aterrizar un debate que se está haciendo demasiado “de consigna” y muy poco de derecho real.
      Coincido contigo en dos cosas clave.
      Primero, la inoperancia de la ONU y del Consejo de Seguridad: el veto convierte la “protección” en un laberinto, y muchas veces el cálculo geopolítico pesa más que el sufrimiento de los pueblos.
      Segundo, tu tensión moral es la mía: como ciudadano puedo entender la acción como “mal menor” ante una barbarie sostenida; como demócrata, me inquieta el precedente de que un mandatario use la fuerza sin el marco colectivo que el propio derecho internacional exige.
      Y por eso me hago esta pregunta: ¿el derecho internacional está diseñado para proteger a los gobernantes o a los ciudadanos cuando el Estado se convierte en agresor?
      Yo también habría preferido una salida pacífica y concertada, pero la experiencia con la izquierda “progresista” en Venezuela ha sido negociar bajo una premisa tácita: firmar, ganar tiempo y no cumplir porque el norte es permanecer en el poder.

      Eliminar

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