Las actas son ley: la verdad documentada del 28 de julio

Publicado el 9 de agosto de 2024

La oposición venezolana ha puesto a disposición del mundo una copia legal del 83% de las actas de votación del pasado 28 de julio. El mensaje no puede ser más claro: el resultado es inobjetable.

Estas actas no son simples papeles. En el sistema electoral venezolano, las actas firmadas por los miembros de mesa y los testigos tienen plena validez como prueba ante cualquier tribunal imparcial.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), en su Artículo 441, lo establece sin ambigüedades:

«Las actas son documentos públicos de carácter oficial» que reflejan los resultados de cada mesa electoral.

Y no se queda ahí. El Código de Procedimiento Civil, en su Artículo 135, les otorga fuerza probatoria plena, siempre que cumplan con los requisitos legales. Las actas entregadas por la oposición cumplen con todos ellos: son públicas, firmadas y auténticas.

Además, contienen un código QR que permite verificar los resultados en el sistema automatizado del CNE, asegurando que los datos físicos coinciden con los electrónicos. Un nivel de transparencia que desarma cualquier intento de impugnación seria.

Por si fuera poco, la Constitución venezolana, en su Artículo 49, garantiza el derecho al debido proceso y la posibilidad de presentar pruebas en cualquier instancia judicial o administrativa. Y estas actas no solo son válidas: son irrefutables.

Pero hay un problema. Uno solo, pero grave.

En Venezuela, la justicia no es imparcial.

Y en el plano internacional, los socios del dictador miran para otro lado. No hacia el futuro, no hacia la verdad.

Miran hacia la izquierda, donde les conviene.

Pero de eso —sí, de eso— hablaremos mañana.

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