Publicado el 29/07/2024
En cualquier elección democrática, el único documento que certifica con legitimidad la voluntad popular es el acta electoral firmada por todos los testigos de mesa. Así lo establece la ley, sin lugar a interpretaciones.
Cada testigo —sin excepción— debe recibir una copia del acta una vez cerrado el proceso. Esta no es una cortesía: es un derecho legal. En esta elección, la Unidad logró recolectar el 40% de esas actas, y en ellas los resultados fueron claros: Edmundo González obtuvo un 70%, frente al 27% del candidato oficialista.
Sin embargo, el CNE anunció resultados basados en el 80% del total de actas. Es decir, incluyó un 40% adicional de actas de las cuales la Unidad no tiene copias, ni constancia alguna. Este acto, más allá de la ilegalidad, raya en el terrorismo institucional.
Para que las cifras totales cuadren con las presentadas por el CNE, esas actas “fantasma” debieron haber arrojado un resultado artificialmente inflado: 74% para el dictador y apenas 18% para Edmundo. Solo así se explicaría el contraste con las actas legítimas.
El único respaldo de estas cifras, por parte del régimen, ha sido la validación de observadores internacionales cuidadosamente seleccionados, que más que testigos parecen cómplices de una violación masiva a los derechos políticos de los venezolanos.
A pesar de esto, María Corina Machado insiste en que no nos detendremos. Y yo le creo. La dictadura ha movido, de forma tramposa, la línea de meta unos metros más lejos. Pero eso no detendrá la carrera: solo los obliga a multiplicar sus errores y sus mentiras para sostener un fraude que se cae por sí solo.
Este no es el momento de rendirse. Es el momento de luchar por la verdad con más fuerza que nunca. Lo imposible ya lo logramos: ahora vamos por lo inevitable. La meta está más cerca de lo que parece. Aunque intenten esconderla, no pueden borrarla.
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